Jorge Cruz, Caracas 24 de marzo de 2012
Cuando yo estaba pequeño mi mamá me dijo algo que marcó uno
de mis hábitos alimenticios. Ella me expresó que si comía chucherías dulces en
la mañana me iban a salir lombrices por los ojos, esa horrible imagen ha hecho
que yo en las mañanas escasamente coma incluso mermelada hasta hoy día, cuando
se que no es real.
Así funciona la cultura para represar a sus miembros, se
crean mitos y tabúes que generalmente no intentamos desvelar y cuando lo hacemos,
ya la conducta o rito está internalizada, es parte de nuestro devenir.
Con ello quiero decir que la censura ha estado presente en
nuestra cultura siempre, es parte del funcionamiento de la cultura para
contener los saltos de talanquera; sin embargo, hay otras que se implementan
con el único propósito de reprimir para mantenerse en el poder quienes él
detentan, esas son las que violan los derechos humanos como: protestar,
disentir o simplemente desahogar un malestar.
Venezuela no escapa a esa “ley natural”, todos los gobiernos
han censurado de diversas maneras, algunos con cargas policiales o de esbirros
contra las protestas, otros con la cárcel o exilio, amenazas de diversa índole,
desde la muerte al implicado y sus familiares cercanos, hasta más sutiles como despido
del trabajo.
El gobierno actual ha recurrido a variadas formas de
censura, las conocidas han sido el despido a miles de empleados de la industria
petrolera por participar en una huelga (si es justa o no, no es el tema aquí
abordado) sin pago de ninguna de sus prestaciones (violación total y absoluta
de la Constitución, convenios internacionales y ley del trabajo); cierres “legales”
como no renovación de contrato de medios de comunicación; la negación a
publicitar en medios “oligarcas”; las multas por difundir noticias que ponen en
entredicho al gobierno (caso El Rodeo recientemente para los que no se ubican),
negación al ingreso a su lugar de trabajo a “escuálidos” como el caso del 8 de
marzo (día de la mujer) contra Laure Nicotra en Telellanos; evitar que ONG
puedan acceder a apoyos monetarios nacionales o internacionales por medio de la
creación de Fondos que administran la distribución (petrolero para la industria
petrolera, Fonacit para los provenientes de las empresas nacionales o para los
fondos internacionales, multi o bilaterales); expropiación de medios para que
pase a manos del gobierno; la prohibición a acceso a fuentes de información; la
restricción de voceros del gobierno y su
negación a dar declaraciones en medio que no le son afines; lo tardío o
negación de los datos completos de las memorias y cuentas o datos estadísticos
de gestión; legislar sin investigar (caso de la masacre en el Táchira de unos
jugadores de fútbol, donde el ministro de interior decidió el mismo día que
esos eran paramilitares y caso cerrado); Lista Tascón, que ha significado el
despido de miles de personas o la negación de un posibilidad a trabajar
(nuevamente la Constitución en entredicho).
Como este gobierno tiene en sus manos los cuatro poderes: ejecutivo,
legislativo, judicial y ciudadano, la capacidad de maniobra es mayor a casi
todos los anteriormente existente; por ello, se ha caracterizado por intentar
mostrar un rostro “legal” a todos esos actos de censura, se ha “amparado” en la
interpretación de la ley. No voy a entrar en debatir sobre si lo afirmado es
cierto o no, porque incluso la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia manifestó
abiertamente que la justicia debía estar alineada con la revolución, en pocas
palabras, el gobierno, no el Estado como debería ser. En pocas palabras,
quienes manifiesten estar en contra de la revolución son ilegales.
Un caso reciente nos ilustra como se ha llegado a “sofisticar”
torpemente la censura. Por una serie de denuncias sobre la potabilidad del
agua, la Fiscal General manifestó que ahora toda denuncia tiene ser hecha con
sustentos científicamente comprobados.
Esta afirmación tiene muchas aristas que posiblemente no se
pensó o se hizo con alevosía; aunque no es la primera vez que un caso de
crítica contra el gobierno se combate con una decisión de Estado. Traigo el
caso de las ONG. En el año 2000 hubo una serie de críticas contra del gobierno
de unas ONG del área política, la decisión del gobierno fue un decreto que
consideraba a TODA ONG que recibiera dinero del extranjero, era considerada
foránea, no importaba (el decreto no lo señalaba) si era por fondos con
organismos internacionales como las Naciones Unidas o si eso no representaba
más que un 1% de su presupuesto anual, no todas eran cortadas con un mismo rasero.
Vemos entonces como un problema del gobierno con unas contadas ONG, afectó a
todas las ONG del país: derechos humanos, ambientales, sociales, entre otras.
Pero la historia no terminó allí, como señalé antes, se creó un fondo para
castigar.
Tal vez lo peor de esas declaraciones es que se crea algo
llamado JURISPRUDENCIA, es decir, que ahora se puede utilizar para cuando unos vecinos
protesten por un bote de aguas negras, primero tiene que buscar un laboratorio
que demuestre que es aguas negras aunque su olor y color lo diga a leguas,
luego a expertos reconocidos o certificados para que justifiquen la condición
del agua (quedaría en duda si tienen que ser del gobierno), luego si se puede
proceder a protestar. Este es un caso hipotético, pero podemos extenderlos a
muchos otros ámbitos.
Uno no sabe si son unos incompetentes que no saben lo que
hacen o dicen, o si es con premeditación, creo este último es el caso, porque todas
las declaraciones han sido hechas en momentos precisos y por voceros
autorizados.
Para resumir, la censura a operado en el país con este
gobierno, aunque el director del diario “privado” Últimas Noticias, ha dicho y
expuesto en diversos ámbitos que aquí no hay porque no hay un solo preso por
una información, porque no es solamente por la restricción de libertad que ella
actúa, hay muchas de ellas, pero lo más trágico es que se está creado
jurisprudencia (caso de Estado) por problemas del gobierno con ciertos
círculos.
¡En un gobierno revolucionario seguimos pagando justos por
pecadores!
