Pobres leyes, pobres hombres

Jorge Cruz, Caracas, 12 de febrero de 2014

Una vez un amigo en España me comentó una frase que ha sido de buena referencia: “Una ley que no cumple nadie es una pobre ley, una ley que no cumple un hombre es un pobre hombre”.

Las leyes son normas que más o menos convenimos para la convivencia. Cuando es injusta, generalmente se convierte en pobre ley, aunque muchas veces no se aplica porque no se previó sus costos que la convierte en tal. Cuando alguien no cumple con una ley es un infractor de la ley, un delincuente.

Mi padre me enseñó que es importante ser un ciudadano, un hombre que cumple la ley y despreciar a los que son pobres hombres.

El difunto presidente Hugo Chávez en una ocasión realizó una violación a la ley, entre muchas otras, en la cual no solo se burló de ella sino que solicitó apoyo para burlarse de ella, estoy hablando de la ocasión cuando fue multado por el Consejo Supremo Electoral y pidió a sus seguidores que contribuyeran a pagarla.

Ese acto de pasar por encima de la ley y, luego, para cumplirla hacer una fiesta, una celebración, un despliegue de su poder, me disgustó enormemente, para mi cayó en el grupo de delincuentes, de pobres hombres.

Pero allí no quedaron su labores, para poner un ejemplo, se transmutó en ejecutor de la ley, en la persona que dicta sentencias, en juez del Estado; estoy refiriéndome al caso de la jueza Afiuni.

Ella, como es bien sabido, puso en libertad a una persona que se le venció el periodo legal para ser mantenido tras las rejas, es una persona que tiene mucho dinero, gracia a ello logró aligerar procesos que para los que no tienen recursos económicos, o incluso políticos, puede significar permanecer preso por tiempo indefinido.

Su caso es sano recordar, ella aún permanece pagando pena por esa decisión. En su momento ella se encontró en la disyuntiva, se hace cumplir la ley o no, se ha vencido un plazo para que los fiscales del Estado sustancien su causa y se proceda a realizar un juicio y, por ello, ante el acoso de los abogados del acusado, decidió tomar una opción: dar la libertad.

El difunto presidente, dictó sentencia aún antes de que la jueza fuera detenida: 30 años de cárcel. Ella permanece con una sentencia que le permite estar en casa, pero presentación ante la ley cada cierto tiempo y prohibición de hablar sobre el caso.

Lo más inaudito del caso es que el Estado no ha dictado una sentencia firme en contra de ella, no se ha podido probar que ella fue partícipe de la fuga del acusado que liberó, a pesar que ya tiene más de 4 años.

Sin embargo, nunca se ha mencionado que la culpa realmente fue de los fiscales que tenían que actuar dentro del tiempo estipulado por la ley para presentar cargos contra el acusado. Él (ella o ellos) puede que continúe demostrando su incompetencia, nunca ha pisado una celda, que, si nos atenemos a la ley, deberían ser los culpables de la decisión que tuvo que tomar la jueza Afiuni.

Por otro lado, hemos visto que para el caso de las toneladas de comida que se pudrió, haciendo que el Estado perdiera millones de dólares, los acusados también fueron liberados utilizando el mismo articulado de la ley, no se pueden mantener más de dos años sin una sentencia; aquí no ha habido ni fiscales ni juez que esté pagando condena por un acto doloso y costoso para la nación. Es decir, en un acto jurídico una jueza está pagando condena, sin una sentencia real, solamente porque el difunto presidente dictó su sentencia; en el otro caso no hay presos por las pérdidas a la nación (peor aún, los que estuvieron acusados volvieron a sus puestos de trabajo como si nada hubiera ocurrido). En ambos casos la incompetencia (para el segundo creo que fue premeditada) por parte de los fiscales ha sido la norma, en uno la juez fue sentenciada por el presidente de la república y paga su condena, en el otro no hay dolientes de ningún tipo.

Como vemos, el que se obró como el guapetón del barrio que se burla de la ley, llamando a que otros paguen por su falta (por cierto, desde allí no ha habido más “violaciones” a la ley del sufragio en contra de los candidatos del gobierno, porque ese acto hizo que la ley se convirtiera en una pobre ley, aunque sigue vigente), pero más tarde asume funciones que no están establecidas en la Constitución, menos aún en ley alguna.

Tampoco ha mejorado la justicia en el periodo que tiene el chavismo afincado en el poder, sino todo lo contrario. Con solo hacer una sencilla suma de cuantos opositores están bajo procesos judiciales y cuantos del oficialismo notamos una proporcionalidad desmedida hacia los que no simpatizan con el socialismo, pero además, si sopesamos el liderazgo de ellos, se ve a simple vista que la impunidad es la que ha dominado para los afectos al gobierno.

Este artículo de Gonzalo Himiob https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=687243961297232&id=128723753815925 es claro al respecto, más aún si recordamos las palabras de Maduro cuando se reunió con los alcaldes: “Es un tema delicado”; no es de justicia que él está hablando, es de política, es delicado para los votos duros, es delicado para los que buscan culpables. Pero de regreso al artículo, una vez más nos muestra la incompetencia de los fiscales para poder buscar pruebas en una sentencia o quizás solo nos reafirme que no es necesario hacer justicia, sino castigar al que no sea fiel.

Así mismo, me pregunto cómo se puede confiar en un gobierno que violenta la ley o que premia al que la violenta. Dos ejemplos, el expresidente del Centro de Estudiantes de Trabajo Social fue condecorado por el mismo presidente de la república, por haber irrumpido en un acto protocolar de la universidad, burlase de las autoridades universitarias  y tirar la comida que se tenía para el agasajo; Joao de Gouveia, que asesinó a varias personas en la Plaza Altamira, fue enviado a Costa Rica como parte del equipo consular. Con esos antecedentes, cualquiera buscaría matar a más de uno para ver si me dan el cargo de embajador.

Yo estoy consciente que la justicia generalmente existe para los que tienen poder económico y/o político; por tal motivo, caen en las más bajas categorías para mi quienes son infractores de la ley; además, no quiero que se convierta a toda la normativa vigente en unas pobre leyes, yo no deseo ser un delincuente, un pobre ciudadano y menos aún en un pobre hombre.