Jorge Cruz, Caracas 02-01-2017
La imagen de la justicia en Venezuela no tiene una venda,
una espada y una balanza, sino una máscara para esconder sus ojos con
conjuntivitis, un martillo y una deshojada constitución. Una justicia que
parece decir: Dime con quién andas y te diré que castigo tienes.
Siempre he dicho que la justicia sólo existe o se cumple
para los que tienen el poder económico y/o político, no importa la ideología
que esgrimen, quienes están arriba siempre salen favorecido por ella.
Voy a hablar de dos casos que confirman mi afirmación: los
estudiantes detenidos en febrero entre mayo de 2014 (con referencia especial a
los recientemente liberados) y el caso de la jueza Afiuni.
Los estudiantes
Recientemente, el 31 de diciembre (2016), fueron liberados 5
chicos que fueron parte de unas protestas en las cuales fueron participes
principales estudiantes.
Las protestas, en su mayoría pacíficas, fueron reprimidas
con fuerza desmedida: más de 2000 detenidos, heridos, torturados y muertos, en
general la casi totalidad de los últimos no han sido investigados y menos aún
incriminados por esos actos; con la excepción de contados casos como las
condenas a varios miembros de las fuerzas represivas del gobierno a años de
cárcel. Incluso uno de los líderes de un partido político que estuvo detrás de
estas manifestaciones. Leopoldo López, aún está preso, con una acusación de ser
el causante de todas las muertes, aunque como ya lo desarrollé en un artículo
anterior en mi blog (www.jorgecruzo.blogspot.com) del mes de marzo
del 2014: ¿Fue provocada la violencia del 12 de febrero? Y las condenas a
autores del asesinato de Bassil da Costa reciente lo confirman, la violencia
fue preparada por el gobierno, que posteriormente se convierten en protestas en
diversos puntos del país, en especial Caracas.
Los estudiantes recientemente liberados estaban en un
campamento levantado en un municipio que está en manos de la oposición, allí se
llegó en la madrugada y pusieron presos a los que estaban pernoctando, algunos
fueron liberados al poco tiempo, otros, como los de este caso, solamente
después de estar más de dos años y medios, por un delito que la misma
constitución reconoce como legal: protestar. A estos estudiantes no se les pudo
acusar de estar causando disturbios porque al momento de la detención estaban
durmiendo, simplemente el gobierno alegó que
se estaba generando un Golpe de Estado, cuando sabemos que toda protesta
tiende a desestabilizar a los patronos, estén al nivel que estén, sino no sería
protesta.
Como vemos fue una detención injusta, con argumentos más que
rebatibles, has sido estudiantes que los han hecho perder dos años y más de
cinco meses por realizar algo que es legal. Sin embargo, lo más injusto es que
todos los estudiantes detenidos, cuyos número van por cerca de los 3000, sin
excepción tienen régimen de presentación de diverso lapsos y pesa sobre ellos
que si son sorprendidos nuevamente su castigo puede ser de varios años en la
cárcel.
La jueza
Quizás el caso que reviste mayor ilegalidad y burla de la
ley es el de la jueza Afiuni. Luego de dar la libertad condicional de Eligio
Cedeño (que significó la huida del país del mismo), quien tenían una rencilla
personal con el presidente de ese momento Hugo Chávez (según se comentó) y a
quien se le acusaba de apropiación de dinero (dólares preferenciales) en unas
compras que supuestamente nunca realizó.
El presidente dijo en una alocución que la jueza debía
cumplir condena por 30 años, desde esa sentencia presidencial, estuvo en la
cárcel hasta que se le dio libertad condicional
14 de junio de 2013, que aún sigue cumpliendo, desde su detención el 17
de diciembre de 2009.
Ella se encontró entre la espada y la pared, hacía cumplir
la ley o violarla, habían pasado dos años sin que los fiscales presentaran una
acusación formal y, por lo tanto, debió decidir en dar su libertad; tal como lo
expresó:
"Quizás yo pequé de ingenuidad. Pero ése era el deber
ser, por Dios. No me arrepiento para nada. A cualquier otra persona que hubiera
estado privada de libertad en forma inconstitucional, se la hubiera
otorgado".
Como vemos aquí la “justicia” ha sido inclemente, a pesar
que ella cumplió con la ley, pero pesó sobre todo ello el poder de la
presidencia, quien sin tener porque decidió de antemano su castigo.
Sin embargo, tenemos un caso algo similar en el cual
estuvieron involucradas personas cercanas al gobierno y el final ha sido
diferente.
En el mes de mayo de 2010 estalló una denuncia por el
hallazgo de 11 mil toneladas de comida en mal estado, las cuales habían sido importadas
por una entidad de PDVSA (PDVAL), una compra en la cual estaban implicados millones
de dólares que se perdieron.
Se detuvieron a los directivos de PDVAL, nuevamente pasan
los dos años contemplados en la ley y los fiscales no presentaron acusación
alguna, por lo que las personas detenidas, afines y funcionarios del gobierno,
salieron en libertad, sin ninguna represalia para los involucrados.
Como vemos, en ambos casos estuvo de por medio mucho dinero
que fue mal usado por parte de, en el primero, un empresario privado y en el
segundo, servidores públicos de altos cargos; en ambos casos los fiscales
asignados no presentan los argumentos necesario para su detención; en ambos
casos se les da libertad condicional; la diferencia está en su desenlace: María
Lourdes Afuini aún está cumpliendo condena y el juez que liberó a los del caso
PDVAL no tuvo ninguna acusación y menos aún pagar cárcel.
Otra diferencia importante es que en el primer caso el
presidente de la república dictó sentencia, algo que es exclusivo de poder
judicial o moral y en el segundo caso hubo un silencio cómplice, por lo que
para este último caso no hay nadie con sentencia (hay que hacer una salvedad,
las personas están en cargos actualmente, como si no hubieran cometido ningún delito),
a pesar que hubo mal manejo de los recursos del Estado en ambos casos.
En pocas palabras, la justicia en Venezuela está
absolutamente parcializada o quizás es más apropiado decir partidizada, ya que
responde al partido de gobierno o los funcionarios de alto rango.
En el caso de los estudiantes pareciera más una forma de
intimidación que de aplicación de la ley, es decir, si protestas vas a estar
varios años preso, porque no se acepta otro punto de vista o crítica. En el
caso de la jueza hemos visto como los administradores de la ley son
condescendientes con los militantes del partido del gobierno y verdugos contra
los que no piensan igual.
La justicia tiene los ojos rojos, con la vista parcializada
y repartiendo condenas a todo aquello que luzca opositor. El daño mayor es que
se está generando jurisprudencia, ilegalidad legalizada.
Necesitamos con urgencia un tratamiento para que se tenga
una justicia algo más neutral y ponga fin a la conjuntivitis.
